A la vista de los
acontecimientos de los últimos meses, parece que todo el mundo
político y sindical está contra, tanto de la privatización de la
gestión, como de la “reforma laboral” que la posibilita.
Así, el Plan de
Ordenación de Recursos Humanos –PORH- del SERMAS1
no ha recibido en el momento actual ni el apoyo ni la firma de
ninguno de los sindicatos de Mesa Sectorial - salvo el apoyo de
SATSE-.
Pero, tristemente, no
hacía falta. Organizaciones políticas y sindicales votaron y/o
apoyaron en su momento el Estatuto Marco, norma de donde parte
cualquier plan de reordenación de RRHH.
“El pueblo que olvida
su historia está condenado a repetirla”
Por ese motivo, pensamos
que es imprescindible “conocer y recordar” tres hechos que
marcan la privatización:
Primero.- Con el
Informe Abril2 -1991-, autentica “hoja de
ruta” de la privatización sanitaria, se puso en marcha el
proceso.
Además de las siguientes
recomendaciones: separar la financiación –pública- de la
provisión -pública y privada-, concretar las prestaciones básicas
y complementarias, participación de los usuarios en los costes
–repago-, medidas disuasorias en la urgencias, copago farmacéutico,
competencia entre centros públicos y privados, …, se recomendaban
modificaciones en la titularidad de los centros y el régimen del
personal:
- Cambiar el régimen jurídico de los centros (derecho privado) e introducir fórmulas de gestión empresarial, ...
- Flexibilización en el régimen de personal. Promover la contratación laboral para que los centros tengan más capacidad de decisión. Personalización de las retribuciones y su división en básicas y complementarias –ligadas a productividad-, ….
La aplicación de estas
medidas, la mayoría ya puestas en práctica, supuso el inicio de las
privatizaciones –a partir de 1991 comienza la “externalización”
de cocinas, limpieza, lavandería, mantenimiento, …-; el cierre
paulatino de camas y centros públicos; la derivación de las pruebas
y pacientes rentables al sector privado –conciertos-; el deterioro
del sistema público-estatal para dirigir a los sectores máspudientes
hacia los seguros privados; la aplicación del repago; ……., etc.
Ley 15/97 y Estatuto
Marco: los dos instrumentos legales para la privatización
Segundo.- Para
llevar a cabo la privatización, era necesario “legalizar” la
entrada de las empresas privadas en el Sistema Nacional de Salud
(SNS). Este paso se realizo mediante la aprobación de la Ley
15/97-Nuevas Formas de Gestión (votada por PP, PSOE, CiU,
PNV, CC, y apoyada por CCOO).
Tercero.- Salvado
este obstáculo, quedaba otro: el carácter funcionarial del personal
del SNS (a diferencia de otros países de nuestro entorno), lo que
impedía realizar despidos y traslados forzosos masivos, sin
necesidad de justificar autenticas “necesidades asistenciales”.
Para ello se aprobó el
Estatuto Marco -Ley 55/2003- (votada por PP, IU, PNV, CiU
y apoyada por los sindicatos CCOO, UGT, CESM, SATSE, CSIF, …).
Tanto PP3,
como IU4 defendieron esta última ley,
absolutamente imprescindible para modificar las condiciones de
trabajo e ir acabando con el personal funcionario/estatutario y con
las garantías y estabilidad en el empleo; estabilidad por la que se
garantiza la calidad de la asistencia.
En el caso de Madrid,
el PP, para avanzar en el proceso que inició en 2005, de cesión
a empresas privadas de asistencia sanitaria de cientos de miles de
madrileñxs, necesita ahora “deshacerse” del único personal
público que quedaba en los hospitales privados modelo PFI
(alrededor de 5.500 médicos y sanitarios no facultativos, el resto
ya estaba en manos privadas desde su apertura).
Por ello, aprueba el
“Plan de Ordenación de Recursos Humanos” -equivalente a los
Expedientes de Regulación de Empleo del sector privado- que aunque
“ahora” no ha contado con el apoyo de la Mesa Sectorial, si contó
en su momento, como señalamos más arriba, con el de los
sindicatos subvencionados, que dieron su apoyo al Estatuto
Marco.
El PORH permitirá ir
concentrando al personal molesto (estatutario fijo) en los hospitales
que aun mantienen la gestión directa pública, mientras que se
producirán cientos de despidos entre el personal facultativo y
sanitario eventual/interino, a quienes se les ofrecerán contratos
como personal laboral en los hospitales transformados en modelo
PPP, con salarios ligados a los objetivos empresariales
(reducción de los ingresos, altas prematuras, reducción del gasto
por paciente…..).
Por cierto, sistema de
incentivación que se viene utilizando en los centros ya privatizados
de Madrid (Torrejón, Valdemoro, Móstoles) y que, hasta la fecha, no
ha sido denunciado o difundido por los facultativos que trabajan en
esos centros.
Mayo, 2013
1
Aprobado por la Orden 199/2013, de 22 de marzo, del Consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, modifica las condiciones de
trabajo del personal estatutario, con el fin de facilitar la
privatización y el consiguiente negocio de las empresas.
2
Elaborado a instancias del PSOE (que aun contando con
mayoría absoluta se lo encargó a un empresario y banquero, que
había sido procurador de las Cortes franquistas).
3
Ana Pastor, Ministra de Sanidad del PP:
“…..quiero agradecer los esfuerzos de las organizaciones
sindicales en la redacción de varias decenas de textos a lo
largo de estos últimos 17 años………………que, cada uno con
sus propuestas, han barajado alternativas y han trabajado para que
este texto fuese mejorado, así como también a Comisiones
Obreras, a la Unión General de Trabajadores, a la CIGA, a la CESM,
al SATSE, al CSIF, al SAE y al SIMAP. Con las propuestas de todos
ellos se ha construido este texto que hoy se presenta en este
hemiciclo. Debate parlamentario Estatuto Marco. 19 junio 2003.
4
Debate parlamentario, IU: “Nuestro trabajo, traducido en
enmiendas parlamentarias, ha modificado la redacción inicial del
texto para conseguir que la contratación temporal tenga una causa
clara y sobre todo una finalización definida, al mismo tiempo que se
evita la concatenación fraudulenta de los contratos”. Debate
parlamentario Estatuto Marco. 11 septiembre 2003.
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